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  1. El PNV se dispone a reeditar cuanto antes su gobierno de coalición con el PSE, esta vez sí con mayoría absoluta para gestionar solos la salida de la crisis social por el coronavirus. Será la prioridad de Iñigo Urkullu, que repetirá como lendakari por tercera vez tras ampliar su victoria en las urnas de 28 a 31 escaños. Pero EH Bildu, su principal competidor, intenta meterle presión ofreciéndole la mano para formar una entente soberanista en el Parlamento, donde ambas formaciones nacionalistas suman 53 de los 75 escaños. Los de Arnaldo Otegui anhelan esa unidad de acción con el PNV para desafiar al Estado con Cataluña como referente. Otegui añadió a esa bolsa los seis escaños de Podemos, partidario del «derecho a decidir». Disparada en las urnas, la candidata a lendakari de Bildu, Maddalen Iriarte avanzó ayer que iniciarán una ronda de contactos con los partidos, excluyendo «a las derechas españolas», en alusión a la coalición PP+Cs y a Vox. Su objetivo es «articular» no solo la mayoría «soberanista» con el PNV sino también la «progresista» de la mano del PSE y de Podemos. El tripartito tendría 38 escaños, justo la mayoría absoluta, aunque esa es una invitación que los socialistas, muy cómodos gobernando con Urkullu, ya han rechazado. Iriarte aseguró en una rueda de prensa en San Sebastián que tendrán contactos con «agentes sindicales, sociales, economicos y feministas» para pujar por esa vía de izquierdas. Tampoco el PNV da señales de querer sumarse a ese proyecto. Su líder en Vizcaya, Itxaso Atutxa, dijo ayer en Radio Euskadi que la alianza con el PSE «ha funcionado», por lo que los socialistas vuelven a ser su «primera opción» para formar Gobierno.
  2. Vox inicia con fuerza su nueva andadura dentro del parlamento vasco. El diputado conseguido por Álava le va a permitir tener voz propia en esta cámara autonómica, que se convertirá en la caja de resonancia de un discurso muy duro frente al nacionalismo del PNV y Bildu. La potencia de la nueva parlamentaria Amaya Martínez, una periodista de carácter, le será muy efectiva para cumplir uno de los grandes objetivos que se ha marcado Vox en esta legislatura, como es «desmontar la corrupción institucionalizada» del PNV, a la que le quieren poner «luz y taquígrafos», como ayer lo aseguró el coordinador de las campañas gallegas y vascas, el diputado por Barcelona, Ignacio Garriga. Pero no solo combatirán el «supremacismo» de los nacionalistas, sino que también han advertido de que denunciarán «todas y cada una de las leyes ideológicas», reclamarán la libertad de educación y exigirán «el fin de la imposición lingüística por parte del nacionalismo». Vox considera que después de una campaña marcada por la violencia contra sus actos y sus dirigentes, han conseguido romper «el silencio impuesto durante 40 años. La voz de los vascos por fin tendrá representación en el parlamento autonómico». Una voz que le permitirá combatir a los «nacionalistas, los herederos de ETA y la izquierda liberticida». A su juicio, la irrupción de Vox en el País Vasco le permitirá, según Garriga, que «el supremacismo del nacionalismo y el desprecio a los españoles sea una anécdota más pronto que tarde». Bajar los impuestos Por último, otras de las prioridades serán denunciar la inmigración ilegal, dar voz al mundo rural y a la clase trabajadora y promover la bajada de impuestos. En cuanto al número de votos respecto a la anterior cita electoral, las generales del 10 de noviembre del pasado año, Vox ha perdido unos once mil votos. De 28.659, un 2,43% del total, ha pasado a 17.517 y un 1,96%. En o que se refiere a Galicia, Vox no puede luchar contra Núñez Feijóo y su discurso agresivo cuestionando una supuesta «deriva nacionalista» del presidente gallego no le ha reportado ni un voto más. Todo lo contrario, el partido de Abascal ha iniciado una regresión en una comunidad que ha empezado a serle cada vez más hostil. En la primera cita electoral después de las generales del pasado 10 de noviembre, la caída de Vox en esta región es muy significativa. Tan solo ocho meses después de que esta formación política se convirtiera en la tercera fuerza política en España, alcanzando los 52 diputados, no ha podido rentabilizar este éxito Aunque el electorado se comporta de forma diferente en unas elecciones generales que en unas autonómicas, en Galicia ha perdido 88.000 votos. Pasando de 114.834 en las generales del 10 de noviembre, un 7,70% del total, a 26.474, un 2%, el pasado domingo. Hace menos de un año fue el partido que más creció en relación a las generales de abril. «Hostigamiento y acoso» A pesar de este descenso en el número de apoyos, desde Vox se afirma que lo que necesita este territorio es «un Vox fuerte que ponga freno a la deriva nacionalista» del presidente de la Xunta, Alberto Nuñez Feijóo, según Ignacio Garriga. El dirigente de la formación de Abascal entiende que tanto las elecciones celebradas en el País Vasco como en Galicia «no ha sido ni libres, ni democráticas», por el hostigamiento y el acoso sufridos por Vox en sus mítines, provocados por «las hordas totalitarias», vinculadas a los movimientos proetarras.
  3. La política se ha convertido en el sumidero por el que las creencias, los principios y los valores se convierten en la excusa para seguir pastoreando al pueblo. Ya no hay forma de persuadir al electorado que no pase por prostituir emocionalmente sus problemas o hacer de su causa una hipérbole sensitiva con la que camuflar la escasa identificación con la misma. El caciquismo de terruño no admite ni una suerte de turnismo con la que garantizar saludables alternativas que limpien –o limiten– vicios adquiridos. Ganaron los de siempre. Los que entienden la política como una mera sucesión de mandatos preestablecidos. Conquistan el voto por aburrimiento, mimetizados tanto con su tierra que ejercen de trasunto de Luis XIV: la autonomía soy yo. Confundimos en estos días moderación con continuidad o, peor aún, con resignación y conformismo. En ambas regiones no ha ganado la moderación, ha ganado el tedio. En Galicia, el PP gallego ocupa un espacio sociológico tan grande que hace difícil plantear alternativas. En Vascongadas, regalarle la educación al nacionalismo se traduce en que las actuales generaciones no sepan qué fue ETA ni quién fue Miguel Ángel Blanco. A eso, Chesterton lo llamó hemiplejía moral. Pero sin autocrítica, el sentido de la realidad se desvanece. Debemos reflexionar. Si no, los constitucionalistas nos seguiremos encontrando puertas cerradas en determinados territorios. Quienes creemos en España debemos plantear nuevos debates ideológicos. Necesitamos un relato que cuente y difunda, que narre y comunique a quienes están alejados de la política quiénes somos nosotros y qué representamos, a qué ideas nos debemos y por qué estas son más útiles y necesarias para la sociedad que aspiramos a gobernar. Debemos mejorar en ese campo que tan bien dominan los nacionalistas. Porque Ciudadanos aún sigue siendo el partido del que se enamoraron muchos españoles que no querían ir a votar más por aburrimiento. Renovar la ilusión empieza por descubrir por qué siguen ganando los aburridos.
  4. La coalición PP+Cs no cuajó en el País Vasco, donde la suma del centro-derecha constitucionalista acabó en resta. La lista encabezada por Carlos Iturgaiz (60.000 votos) perdió la mitad de la ya maltrecha fuerza que tuvo Alfonso Alonso en 2016 (107.000 votos) y se queda con cinco de los nueve escaños, en la irrelevancia parlamentaria. La cesión de los populares vascos es aún mayor porque Ciudadanos logra uno de esos asientos según el generoso reparto que hizo Pablo Casado con Inés Arrimadas, que acabó en el choque frontal y el cese fulminante de Alonso en febrero. «¡No sumamos nada y encima les regalamos los puestos de salida!», se lamentaba en las últimas horas un dirigente del PP vasco, que ahora deberá afrontar una profunda renovación de su dirección. La nueva derrota electoral reavivó las voces contrarias a la estrategia de Génova por confluir con Cs, que hasta hace poco denunciaba la foralidad vasca y el Concierto Económico como «privilegios». La presidenta interina y escudera de Alonso, Amaya Fernández –que quedó apartada de la campaña–, se lamentó del «triste» resultado y llamó a tomar el ejemplo de la «moderación» de Feijóo y su proyecto «pegado a la singularidad de Galicia» como «antídoto del nacionalismo». Un reparto muy desigual La coalición todavía confía en ganar un sexto escaño por el voto de los residentes en el extranjero, como sucedió en las generales. La lucha vuelve a estar en Vizcaya, donde el PP logró el escaño nacional de Beatriz Fanjul frente al PNV y ahora se lo disputa a Bildu por cien votos de margen. De lograrlo, iría para Luis Gordillo, el portavoz de Ciudadanos en el País Vasco, de manera que el balance de fuerzas sería de cuatro a dos escaños. La salida de Iturgaiz está descartada, porque el desequilibrio sería aún mayor, con tres asientos del PP y dos de Cs. Los resultados son un desastre sin paliativos para los populares vascos, que acumulan veinte años de hemorragia en las urnas. Desde los 250.000 que obtuvo el propio Iturgaiz en 1998 a los 326.000 votos que logró Jaime Mayor Oreja en 2001 y les convirtió en segunda fuerza política tras el pacto de Estella de los nacionalistas. Pero aquello era cuando ETA les «mataba como a gorriones con chimbera», como dijo el propio Iturgaiz en una frase terrible que es historia. Los vascos votaron en el 23º aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco, pero hoy muchos ni recuerdan ni les interesa saber quién fue aquel joven concejal del PP de Ermua. La coalición PP+Cs achaca su fracaso a la fuerte abstención registrada, que fue mayor todavía en Álava, su feudo tradicional. En Vitoria, uno de los peores focos de la pandemia en Europa, la participación fue del 48%, cuatro puntos menos que la media vasca (52%), la peor de la serie histórica.Cs se conforma con estar en Vitoria y abona ya el terreno para la unión electoral en Cataluña El miedo a los contagios, la previsible victoria en las urnas del PNV y su pacto de gobierno con los socialistas, así como la estrategia de moderación política de Iñigo Urkullu desmovilizaron a los votantes. La caída más dolorosa fue en Álava, tradicional bastión del PP, que gobernó hasta 2015. La coalición apenas obtuvo 14.287 votos (11.800 en la capital), mientras que el PP en solitario consiguió hace cuatro años 27.877 votos. Vox sacó su escaño con 4.722 apoyos en toda la provincia. Satisfacción en Cs Lo que en el PP es un fracaso estrepitoso, ayer se vivió en la sede nacional de Cs, en Madrid, con un contenido entusiasmo. Los liberales contemplan con pasmo el auge del BNG en Galicia y de EH Bildu en el País Vasco, pero ayer rehuyeron cualquier autocrítica por los resultados –en Galicia perdieron casi 40.000 votos y en el País Vasco la coalición se estrelló– y prefirieron ver el vaso medio lleno. La presencia de José Manuel Gil, nuevo diputado autonómico de Cs por Álava, en el número 253 de la madrileña calle de Alcalá era sintomática. Cs, en su peor momento desde su irrupción en la política nacional en 2015, consigue por fin presencia en el Parlamento vasco. La coalición ha sido beneficiosa para ellos, y ayer Melisa Rodríguez comenzó a abonar el terreno para una posible reedición catalana. Argumentó, para convencer a propios y a extraños, que por separado PP y Cs habrían cosechado incluso peor resultado en el País Vasco. Aún no se sabe cuándo convocará Quim Torra comicios, pero la maquinaria está en marcha: «Trabajaremos para que no se pierda un solo voto constitucionalista en Cataluña».
  5. Hacía tiempo que el PP gallego no sufría tanto en una noche electoral de autonómicas. Ni siquiera en 2012, cuando se defendían los 38 diputados de una pírrica mayoría absoluta en un contexto de brutal crisis económica, en el ya lejano 2009, en el que no contaban con derrocar al bipartito de PSOE y BNG porque ese escenario no lo arrojaba ninguna encuesta. Fueron precisamente los sondeos los que mantuvieron en vilo a Alberto Núñez Feijóo y su equipo. La consulta a pie de urna encargada por la Televisión de Galicia arrojaba una horquilla de 37-40, con una franja inferior que hacía perder la mayoría absoluta, una posibilidad que ninguna de las encuestas publicadas en el último mes y medio contemplaba. De inmediato, entre la cúpula del PP gallego empezaron a tomarse en consideración algunas señales de los últimos días como posibles causas de la hipotética debacle que se anunciaba. Por ejemplo, la campaña en redes sociales que animaba a los mayores de 60 años o las embarazadas a no ir a votar por riesgo de contagio del Covid-19, movida desde espacios próximos al nacionalismo. «Piénsalo bien antes de jugar con tu vida» o «Votar no es seguro» fueron algunos de los mensajes difundidos. El PP creyó que los tenía desactivados. ¿Y si se equivocaba? A pesar de que los expertos en demoscopia del partido aseguraban que la encuesta de la TVG «estaba mal cocinada», el susto en el cuartel general del PPdeG duró hasta bien avanzado el recuento. No fue hasta alcanzado el 60 por ciento cuando empezaron los suspiros de alivio. Con el extraordinario comportamiento de las provincias de Lugo y La Coruña, era prácticamente imposible que el vaticinio demoscópico se cumpliera. Así fue. Como buena gente de costumbres, Feijóo y su equipo repiten las rutinas que precedieron a la victoria de 2009. El recuento se siguió en la sede y se celebró en el mismo hotel de siempre. Solo una novedad: el catering vino en cajitas individuales, por aquello del Covid. El presidente gallego estuvo acompañado, una noche más, por su madre, doña Sira, su hermana Micaela, su sobrina Berta, y su pareja, Eva Cárdenas. En su discurso de agradecimiento tuvo un cariñoso recuerdo para su padre, Saturnino, que falleció pocos meses antes de que Feijóo lo hubiera hecho abuelo. «En 2009 lo llamé para comentarle que había ganado las elecciones, y él me respondió que el Deportivo también había ganado esa tarde». Y como en el PP nada se deja al azar, la banda sonora fue el «One more time» de Daft Punk, elegida desde hacía días.
  6. Tres dirigentes de EH Bildu condenados en su día por su vinculación al terrorismo etarra tienen reservado un escaño en el Parlamento vasco la próxima legislatura. Se trata de Iker Casanova, Arkaitz Rodríguez e Ikoitz Arrese, que en conjunto acumulan más de una década de estancia en prisión. Quien más tiempo ha pasado entre rejas es Casanova, que ya fue parlamentario vasco en las dos últimas legislaturas. Este dirigente de Bildu fue condenado en 2007 a 11 años de cárcel e inhabilitación para cargo público por pertenencia a banda armada. Cuatro años después quedó en libertad tras una rebaja del Supremo. Ikoitz Arrese se encontraba entre los miembros de la organización juvenil Segi, ilegalizada en 2002, que fueron arrestados hace diez años en Vizcaya. El entonces juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska le acusó de un delito de integración en organización terrorista. Arrese salió de prisión en marzo de 2012. Finalmente, Arkaitz Rodríguez, actual secretario general de Sortu, fue condenado junto a Arnaldo Otegui en el marco del «caso Bateragune». En total le cayeron seis años, y finalmente pudo recuperar la libertad en 2015. Según recordó Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la AVT, entre los parlamentarios de EH Bildu se encuentra también Julen Arzuaga. Este estuvo sentado en el banquillo de acusados por su pertenencia a Gestoras Pro Amnistía, también vinculada al nacionalismo radical, aunque al final fue absuelto.
  7. El estancamiento del PSOE en Galicia y País Vasco está relacionado con el inevitable desgaste de la gestión de la crisis sanitaria, pero también es síntoma de una estrategia equivocada. Ahora que están en el Gobierno, no hay mejora significativa en comparación con 2016, en el peor momento histórico del partido. BNG y Bildu superaron al socialismo en las dos regiones. Una victoria del nacionalismo frente a un constitucionalismo desorientado. Aunque en Ferraz se consuelan diciendo que no son los más damnificados. Tampoco supieron capitalizar el hundimiento de Podemos. El 12-J obliga a una reflexión profunda. Las urnas poscoronavirus han supuesto para el Gobierno, y sobre todo para el presidente y secretario general de los socialistas, la prueba a sus últimos seis meses de mandato. Sin embargo, Pedro Sánchez se mantiene al margen. No estuvo en Ferraz la noche electoral y no ha hecho ninguna valoración ni autocrítica en público.«Felicidades también a Idoia Mendia y Gonzalo Caballero por vuestro trabajo», escribió en su Twitter. Antes, había felicitado a Alberto Núñez Feijóo y a Iñigo Urkullu por sus resultados. «Los votos socialistas siempre estarán al servicio del progreso en ambas comunidades», añadió. No más. ¿La culpa? Del PP El líder de los socialistas parece que está más cómodo dejando ese papel a su secretario de Organización y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, quien compareció ante la prensa al conocerse los resultados y ayer acudió a tres medios de comunicación diferentes (TVE, RNE y la Ser) para hacer balance de las urnas. El mensaje que quería transmitir estaba claro: el fracaso lo ha cosechado el PP con su «estrategia de crispación» y « bronca». Ábalos consideró que el estancamiento es consecuencia de la actitud de «derribo» que tuvo el PP en los últimos meses de pandemia. Además, el secretario de Organización y ministro admitió que al PSOE le hubiera gustado conseguir unos datos mejores pero aún así se sienten satisfechos porque han conseguido un diputado más en cada región (15 en Galicia y 10 en el País Vasco). «No son buenos pero no son los peores», se consuela. A su juicio, incluso el PSE sale «fortalecido» de estas elecciones porque el Gobierno del PNV dependerá del apoyo de los sociliastas vascos. Lo cierto es que el PSOE tiene fácil hacer una lectura positiva de sus resultados en el País Vasco, donde ha rascado un parlamentario más que se suma a los nueve que tenía en la pasada legislatura. Pero esa «mejoría» es engañosa. El problema no es que se haya dejado por el camino 4.500 votos, algo que podría achacarse a la preocupante caída de la participación, sino que tampoco ha logrado aprovecharse de la debacle de Elkarrekin Podemos. Ese apoyo ha ido a parar a un nacionalismo que arrecia y que amenaza con difuminar también a los socialistas. Basta con echar una ojeada a la evolución del PSE en los últimos años. En 2009, cuando el terrorismo etarra aún se manifestaba a través de las armas, consiguió los mejores resultados de su historia con 25 parlamentarios. Aupado por PP y UPyD, Patxi López se convirtió en el primer lendakari socialista. Pero algo cambió a raíz de entonces. El propio López se vio obligado a adelantar un año las urnas tras la ruptura de su acuerdo de Gobierno con los populares. En esos comicios, el PSE recibió un severo castigo que le llevó a perder un tercio de sus representantes. Papel secundario del PSE Hoy, los socialistas solo mantienen cierta influencia en el País Vasco debido a sus alianzas con el PNV de Iñigo Urkullu, que, salvo sorpresa mayúscula, se apoyará de nuevo en el partido de Idoia Mendia para alcanzar la mayoría absoluta. Pero el papel del PSE en el Ejecutivo ha sido totalmente secundario. En estos años solo ha gestionado tres carteras de poco calado político -Trabajo, Vivienda y Turismo-, y su presencia se ha diluido. «Es el bastoncillo del PNV», declaró durante la campaña una punzante Maddalen Iriarte (EH Bildu).
  8. Hubo un tiempo en que el BNG era un partido antipático. Desde su superioridad moral impartía lecciones de buenos y malos gallegos, reprendía las conductas importadas de más allá del Padornelo, el «sucursalismo» respecto a Madrid. El profesor era Xosé Manuel Beiras y aquellos eran los noventa. El nacionalismo combatía a Fraga, tótem de la derecha gallega y española. Entre 2005 y 2009, coincidiendo con la Xunta bipartita de PSOE y BNG, Anxo Quintana intentó moderar el discurso del Bloque e introducir mensajes transversales, que trascendieran a ese 20% de la población que se declara nacionalista. Un proyecto amplio, más pragmático que dogmático. Pero Quintana perdió las elecciones en 2009 y el Bloque, controlado por la ortodoxa Unión do Povo Galego (UPG, declarada marxista-leninista) se replegó a sus cuarteles de invierno y apeló a sus esencias: estatuto de nación, autodeterminación, soberanía... Este giro radical estuvo a punto de hacer desaparecer al BNG del Parlamento en 2016. Lo rescató «in extremis» Ana Pontón, elegida meses antes de las elecciones como capitana para una nave a la deriva. En muy poco tiempo salvó los muebles en aquellas elecciones y empezó a reconstruir el proyecto. Había que dejar de ser antipático. Con Pontón, esta pretensión formal es más fácil. Mujer culta, educada, empática y curtida en mil y una batallas en política -es parlamentaria desde hace 16 años-, ha empezado a impregnar su sello a la organización. Para empezar, los rostros del BNG son mayoritariamente mujeres, con la excepción de Néstor Rego, el diputado en las Cortes. Se dulcifica el tono del mensaje. ¿Y el fondo? En esta campaña, el BNG ha jugado a hablar más de la reconstrucción económica y social de Galicia tras los efectos de la pandemia que de aspectos más ideológicos y abiertamente soberanistas. Pero que no haya hablado de ellos no significa que no existan o que se hayan escondido. Estaban ahí, en su programa electoral de este 12-J. El teóricamente moderado BNG de Ana Pontón (militante de la UPG desde su etapa como estudiante de Políticas en la USC) habla de la gallega como «una autonomía otorgada, limitada y tutelada», y plantea el «objetivo estratégico» del «ejercicio del derecho de autodeterminación», que permita una Galicia soberana con un sistema judicial propio, un concierto económico -a pesar de que diversos estudios avalan que sería ruinoso para la comunidad- o la transferencia de la Seguridad Social, entre otras muchas demandas que bien podrían salir de un programa de Bildu o Esquerra, sus socios estratégicos para las elecciones europeas. En esta campaña no se habló tampoco, por ejemplo, de que en el estatus político que el BNG quiere para Galicia «el TC dejaría de ejercer sus funciones» sobre la comunidad, o se crearían nuevos impuestos a las viviendas vacías, las grandes superficies, las bebidas azucaradas envasadas, los «grandes beneficios de la banca privada», las tecnológicas o se gestionaría íntegramente el de Sociedades. Y en materia lingüística, «establecer una oferta educativa completa o principalmente en gallego», que pasaría a ser «vehicular» en la enseñanza pública: inmersión sin paliativos y exclusión del castellano. El nuevo Bloque pide, grado arriba o abajo, lo mismo que el viejo. Pero este parece que no cae antipático. Y es segunda fuerza en el Parlamento, para pesar del PSOE. Está por ver si regresa al dogmatismo o se instala en el pragmatismo.
  9. Las elecciones autonómicas de Galicia y País Vasco dejaron el domingo un dato ilustrativo para entender la erosión sufrida por Podemos en apenas cuatro años. Solo 328 personas de las más de 6.500 que votaron en Fene (Ferrol), localidad donde nació la ministra de Trabajo y la más valorada de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, introdujeron la papeleta morada en la urna, según recogió ayer Servimedia. Siendo este uno de sus mejores datos en la zona es, asimismo, paradigma del envejecimiento prematuro del proyecto. Las mareas perdieron su representación en Galicia, de 14 escaños a cero, y en País Vasco, Elkarrekin Podemos se quedó reducido a la mitad. El «espacio rupturista», el del cambio, está roto. El vicepresidente segundo del Gobierno y secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, fue uno de los perdedores de la noche. Acostumbrado ya a ver como sus siglas se desinflan según compiten en los sucesivos comicios. Estos resultados autonómicos inevitablemente tienen repercusión a nivel nacional para Iglesias porque debilitan su figura en La Moncloa como líder de uno de los partidos de Gobierno. No obstante, Podemos defiende que la coalición no peligra: están seguros de la vigencia del pacto. En el entorno del vicepresidente segundo consideran que el resultado en el País Vasco no fue bueno, pero admiten que no se esperaban un descalabro tan grande como el de Galicia. Los pronósticos electorales de las últimas semanas apuntaban a posiciones minoritarias en esa región, un descenso, aunque en ningún momento vieron venir un hundimiento de tal calibre, con un trasvase preocupante hacia el nacionalismo (BNG). Indicio de que la hoja de ruta no cumplió las expectativas del votante «rupturista» que confió en ellos en 2016. «La izquierda nacionalista vasca y gallega se han podemizado. El discurso de EH Bildu y BNG no se diferencia del que antaño criticaban», expresó ayer en Twitter uno de los cofundadores de Podemos, Juan Carlos Monedero. Una leve autocrítica que esconde que Podemos deberá buscar a partir de ahora un discurso con el que poder diferenciarse del PSOE por la izquierda, y recuperar el estatus de alternativa, para tapar las fugas de votos que escapan hacia plataformas de carácter soberanista o con posiciones más radicales. Sin embargo, la dificultad de esa revisión que tendrán que hacer reside en encontrar el equilibrio entre sus necesidades electorales y el perfil más institucional que se les exige por ser partido de Gobierno. Las urnas del 12-J eran el primer examen de esa coalición. Pero el «efecto Moncloa» no les funcionó. Iglesias no consigue rentabilizar fuera de Madrid su puesto en el Ejecutivo bicolor, a pesar de los intentos por promocionar como logros de Unidas Podemos las medidas económicas y sociales aprobadas en el Consejo de Ministros. Se suma a esto un rol desdibujado en la gestión de la crisis sanitaria del coronavirus. El vicepresidente segundo empezó el estado de alarma sin un papel determinante en lo competencial y, menos Yolanda Díaz (Trabajo), que marcó el paso de los morados en materia laboral, el resto de ministros de UP se quedaron muy fuera del mando único. Líos internos Esta pérdida de influencia en dos territorios donde las candidaturas moradas irrumpieron con tanta fuerza en 2016 son también síntomas de desconfianza por acumulación de errores y conflictos internos. En este sentido, Monedero escribió otro punto clave que explica el desgaste visto el domingo: «Podemos, que ha cambiado la política de este país, sigue sin dedicar el grueso de sus energías a lo que debe: construir partido». Una referencia a los problemas de arraigo territorial, falta de estructura, y por acumular la mayor parte de su poder en Madrid, pero con sucursales autonómicas sumidas en luchas internas que desestabilizan y desvían de los planes. Por otro lado, el exsecretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, en su momento persona de confianza de la dirección, Ramón Espinar, también hizo ayer una valoración. La suya fue eso sí mucho más incisiva, como acostumbra, y acusó a la cúpula del partido y a Iglesias de provocar la caída por su mal liderazgo. «Endogamia, incapacidad para llegar a acuerdos, sectarismo, agresividad indiscriminada con los medios, expulsión sistemática de la disidencia y el talento, burocratización que impide desarrollar iniciativas locales, autoritarismo… La autocrítica es fácil de hacer», escribió Espinar en Twitter. «Es una tendencia asentadísima: cuanto más poder interno acapara la actual dirección, más desastrosos son los resultados». El también cofundador de Podemos y líder de Más País, Íñigo Errejón, dejó en la red social otra importante puya que lamenta la posición residual en Galicia y la caída en el País Vasco. «Eso ya no existe (en referencia a Podemos). Existe una cosa que se llama Unidas Podemos y que tiene los resultados de siempre de Izquierda Unida», respondió Errejón, tras ser mencionado por un usuario que le pedía que regresara al partido. En paralelo a los aguijones de los críticos, casi todos fuera del núcleo duro de confianza y de la formación, en Podemos defienden que el hundimiento en las dos comunidades no pone en riesgo ni afecta al liderazgo de Iglesias. «Reflexión y autocrítica» La portavoz de Podemos, Isa Serra, así lo manifestó ayer después de ser preguntada por periodistas en una protesta convocada por sanitarios. «Acabamos de tener una asamblea ciudadana en Podemos que ha revalidado la dirección que tenemos actualmente. Esa dirección junto con nuestros compañeros en Euskadi y Galicia tendremos que tener una reflexión para salir más fuertes para el futuro», expresó Serra, según informó Efe. No obstante, Serra sí que señaló que será necesario «reflexionar» y «hacer autocrítica», aunque no abundó en qué aspectos. «Los resultados no se basan en una causa concreta, la realidad es compleja, hay muchas causas y lo que nos toca es tener una reflexión colectiva para estar más fuertes en el futuro», expresó. Quitando estas declaraciones de la portavoz en la calle, ningún dirigente ha comparecido en rueda de prensa para hacer una valoración oficial de los datos. Actitud que sí han mostrado otras formaciones políticas, como el PSOE. El silencio es significativo. Iglesias se limitó a poner su evaluación en Twitter la noche electoral. «Nuestro espacio político ha sufrido hoy una derrota sin paliativos, perdemos buena parte de nuestra representación en el Parlamento Vasco y quedamos fuera del Parlamento de Galicia. Nos toca hacer una profunda autocrítica y aprender de los errores que sin duda hemos cometido», expresó entonces. Galicia En Común desapareció el domingo del arco parlamentario de la Xunta al no haber logrado representación. En cuatro años, la coalición de Podemos, Esquerda Unida, Anova y las mareas pasó de ser segunda fuerza en la región y líderes de la oposición con 14 escaños (19,07 por ciento) a no tener ni uno. El candidato Antón Gómez-Reino, propuesta de Iglesias, obtuvo el 3,92 por ciento (poco más de 50.000 votos), sin pasar el corte del cinco por ciento. En el País Vasco, la cabeza de lista Miren Gorrotxategi bajó de tercera fuerza con 11 escaños (14,76 por ciento) a cuarta con 6 (8,03).
  10. Hoy por hoy la única herramienta posible para acordar un confinamiento como el que quiere Torra para la comarca del Segriá (Lérida) es el estado de alarma para contener el avance del coronavirus, algo que no está en manos del gobierno de la Generalitat. Lo dijo la juez de Lérida que tumbó la medida del «president» y lo reconoció el propio ministro de Justicia cuando ayer fue preguntado por esta cuestión. Juan Carlos Campo señaló que el Gobierno está estudiando fórmulas para poder decretar medidas similares a las del estado de alarma sin tener que llegar a aplicar esa ley, algo para lo que se debe adecuar el ordenamiento jurídico «a la nueva situación». Durante su intervención en los desayunos informativos de Europa Press, el titular de Justicia dijo que el auto de la juez de Lérida viene a demostrar que el Gobierno decía la verdad cuando hablaba de que no había plan B al estado de alarma. Sin embargo, hay quien piensa que si no hay plan B es porque el jefe del Ejecutivo no ha querido que lo haya porque durante el estado de alarma –en el que fue notoria la hiperactividad normativa del Gobierno– tuvo la oportunidad de desarrollar la ley de medidas urgentes en materia de sanidad, que en su artículo 3 prevé que se pueda establecer el control de los enfermos y de las personas que están en contacto con ellos. A juicio del constitucionalista Carlos Flores un desarrollo normativo de esta ley habría permitido contemplar medidas concretas sobre los focos de contagio sin necesidad de recurrir al estado de alarma. A juicio de este catedrático el problema que se ha planteado con la decisión de Torra es la imprecisión, indeterminación y lo indiscriminado del confinamiento domiciliario planteado, pues supone una limitación injustificada de derechos fundamentales para una población en la que no se diferencian sanos y enfermos, y la Generalitat no tiene competencias para esto. Es la misma idea que desarrolla la juez en el auto con el que tumba la resolución de la Generalitat sobre el confinamiento domiciliario de los 210.000 vecinos de la comarca del Segriá. La justicia había avalado el confinamiento perimetral de la comarca. Es decir, que los ilerdeses no pudieran salir de ese territorio si no es por razones de fuerza mayor o laborales, pero moviéndose libremente por el interior de la comarca. Otra cosa es el confinamiento general domicilario que pretendía Torra. Eso, según la juez –que hace suya la argumentación de la Fiscalía– sería medida «indiscriminada» que necesitaría del aval estatal en el marco del estado de alarma. El gobierno catalán sí podría, en cambio, ordenar un confinamiento individualizado de los contagiados.